Este caso es emblemático por la falta de participación, transparencia y desgobierno. En el 2009 llegó un nuevo propietario al edificio, de ahora en adelante "El abogado", que desde la primer asamblea se opuso sistemáticamente al administrador de ese entonces. Los gritos y acusaciones cruzadas en cada reunión de consorcio se hicieron rutina. El abogado propuso la expulsión del administrador por lo cual el mismo administrador convocó una asamblea extraordinaria poniendo su renuncia a consideración del consorcio. Se rechazó la moción y siguió todo como estaba. El conflicto llegó a un pico cuando el abogado no permitió el ingreso al edificio de un proveedor designado por el administrador y éste presentó su renuncia indeclinable. En sucesivas asambleas se propusieron 3 nuevos administradores de los cuales 1 se excusó de participar, otro no se presentó en la asamblea destinada a la selección y por eso se eligió al único presente. Se designó al abogado como uno de los 5 miembros del consejo de administración. Dos semanas después (24 de noviembre de 2010), cuando se debían recaudar las expensas, se presentó el abogado con los documentos del consorcio diciendo que los nuevos administradores habían sido echados por no presentarse y que él se iba a hacer cargo de la administración. En esa oportunidad, una de las propietarias designada miembro del consejo de administración, se dio por enterada del nuevo estado de situación y expresó que no asumiría su cargo a causa de las reiteradas irregularidades. Hasta el presente, el edificio tiene una auto-administración a cargo de "El abogado".